Víctor M. Bello Jiménez. Archivo Municipal Santo Bartolomé de Tirajana
Víctor M. Bello inicia sus investigaciones en primer lugar en Canarias para luego ir ampliando a otra zonas y llegar a la conclusión de que los archivos “pasan por diferentes fases de construcción y destrucción”.
Los archivos de las instituciones públicas son de uso exclusivo del poder, y el poder es el que crea el sistema de gobierno (ya sea una Monarquía absoluta, dictatorial o un gobierno democrático), con una forma de actuar similar, es decir, los archivos serán usados por el poder según su conveniencia. Y como todo poder es patrimonialista el fin es adueñarse de los documentos.
Al hablar de archivos como construcción del poder el experto se refiere a que los documentos sirven para otorgar una fuerza y una potestad sobre la ciudadania. Son prueba del abuso de poder y esto obliga a crear archivos para guardarlos y así mantener el control.
El cuanto a la construcción del archivo «hablamos de una política archivística que es aval de los derechos fundamentales, sin embargo en muchas ocasiones se suelen utilizar como instrumento de control y represión» explica.
La destrucción de los archivos llega con el incumplimiento de las políticas de archivos para así evitar la evidencia, y también con la corrupción. Por un lado la corrupción política, que está a la orden del día, y por otro la archivística, no denunciada por nadie. “Cuanta mayor y mejor sea la gestión documental habrá una mayor transparencia y probablemente una menor corrupción”, comenta Bello.
El resultado es que el acceso a los registros está condicionado por el poder, que no lo presenta como un derecho sino como una concesión. Su atención o desatención está muy condicionada por fundamentos políticos y económicos.
