Los ponentes Ricard J. Martínez y Cristina García participaron también en una mesa redonda conducida por Santi Vallés, investigador y Presidente de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Fosa 113 del cementerio de Paterna, y que contó con la presencia de Juan Pablo Peñarrubia, Jefe de Innovación de la Diputación de Valencia y Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España.
En ella se habló sobre las dificultades para conciliar una buena política de archivos con el ejercicio del poder y se trataron temas diversos como el complicado tema de los juicios ‘sumarísimos’ y procesos de la Guerra Civil Española y la postguerra, documentos que se trasladaron a Madrid para ser digitalizados y cuyo acceso resulta hoy en día muy dificultoso todavía. Se hizo referencia desde AAV a la posibilidad de estudiar una nueva vía como la que ha llevado a Castellón a recuperar sus archivos mediante una copia digital de los mismos solicitada en el Archivo donde se encuentran, sea Madrid o Salamanca, principalmente.Todo dentro del marco de la nueva Ley Autonómica de Derecho a la Memoria Democrática, una normativa muy reciente que aboga por la mejora de la accesibilidad, la preocupación y la atención a la memoria o el estudio de la desaparición de fondos, entre otros.
En la ronda de intervenciones Peñarrubia también escuchó a los miembros de AAV y aseguró «que estudiaremos esta posibilidad» en referencia a la discusión sobre el uso del OCR- que permite transcripciones automáticas de textos para su edición posterior– para agilizar la gestión documental en muchos aspectos. El representante de la Diputación de Valencia, se refirió incluso a la idea de que este reconocimiento óptico de documentos podría ser más efectivo si una vez transcrito, hubiera un espacio de participación, de exposición pública «al estilo de Wikipedia» para que la gente pudiera hacer sus aportaciones y así añadir más datos e incluso corregir las posibles carencias del OCR en el escaneado e interpretación de los caracteres. Desde la AAV, María José Badenas, compartió esta idea si bien, con recelos acerca de la apertura de la edición de textos a cualquier persona, añadiendo ambos interlocutores que habría que buscar una limitación jerárquica para su edición y que el visto bueno final lo diesen los expertos y la administración. Una comisión podría ser el avalista de los cambios que llegarían a la misma una vez se superaran unos filtros previos referentes a la calidad de las aportaciones, su justificación contrastada y que así el documento final multiplicara su valor.
Por último, Santi Vallés, se refirió a la necesidad de ‘institucionalizar’ el derecho a la recuperación de la memoria histórica, poniendo ejemplos de cómo la política y la justicia a veces son los que ponen las trabas «ante pruebas fehacientes» que la propia razón y la ética no podrían rechazar, en referencia a las dificultades encontradas por su asociación en casos de exhumaciones.
