Jornada informativa de archivos y bibliotecas en Benicàssim el 25 de octubre

Intervención de Manuel Vicent como representante de la Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians

En primer lugar, agradecer a la a la Dirección General por la convocatoria y también la presencia de los representantes locales a esta convocatoria que es fundamental para una mayor sensibilización frente a los retos que tenemos por delante a los próximos años. Desde la l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians tenemos que poner en evidencia el incumplimiento de la ley 3/2005 de archivos, en muchos aspectos, sólo poner tres ejemplos:  Un ejemplo claro: la obligación que marca la ley que en los municipios mayores de diez mil habitantes tiene que haber un archivo y que este servicio tenga que contar con personal cualificado, es decir, archiveros y archiveras, en número suficiente para llevar a cabo las funciones que los corresponden.  Otro, la confusión profesional archivero-bibliotecario, no podemos seguir manteniendo el puesto de trabajo bajo la denominación de archivera-bibliotecaria. El tener esta plaza compartida significa, en muchos casos, que el trabajo desarrollado en los archivos no es superior al 10% del total y, por este motivo, hay municipios donde el trabajo del archivero se centra en la documentación histórica o en la documentación administrativa, sin poder desarrollar una verdadera gestión integral de la documentación de la corporación. Prevalece la gestión bibliotecaria sobre la gestión archivística, puesto que la primera tiene una mayor visibilidad pública.  Y un tercero, solicitado por los archiveros y la sociedad de Castellón desde el siglo pasado, el Archivo Histórico Provincial de Castellón que, formando parte del sistema archivístico valenciano, todavía no disfruta del edificio y de los profesionales adecuados y suficientes para hacerlo una realidad a la altura del que la ciudadanía de esta provincia se merece. Mientras esto es así, el Patrimonio Documental generado por la administración periférica del estado, está desapareciendo y destruyéndose.  El reto que tenemos es el desarrollo de la administración electrónica, y al que ya llegamos tarde después de la entrada en vigor el 3 de octubre de 2016 de las leyes: 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es la administración electrónica.  Su entrada en vigor hace más evidente las carencias que tenemos a nuestras instituciones, en cuanto a las herramientas necesarias y básicas por la preservación y acceso a los documentos electrónicos. Tendríamos que contar con tablas de valoración, selección y eliminación de documentos y de acceso, o con cuadros de clasificación funcionales y su codificación para incorporarlos a los expedientes que ya se están generando electrónicamente.  La gestión archivística y la gestión de los documentos, con la administración electrónica, acontece central en la gestión de nuestras instituciones. Los instrumentos elaborados por los archiveros y archiveras son fundamentales para la gestión electrónica. Por lo tanto, es esencial que las administraciones estén dotadas de los medios y sistemas necesarios para el desarrollo habitual, así como de los profesionales adecuados.  Se hace cada vez más patente que la adscripción orgánica de los archivos a las instituciones debería de ir saliendo de Cultura para encajarse en otros lugares ligados a la ingeniería de procesos, la adscripción a Cultura hace que quedan relegados, aunque los compañeros reconocen la importancia de los archiveros.  Por tanto, Consellería, Diputación, Ayuntamientos y profesionales nos tenemos que poner las pilas para hacer posible las buenas intenciones de transparencia y buen gobierno, administración electrónica y procedimiento administrativo, sean una realidad lo más pronto posible y, por lo tanto, hay que trabajar de manera transversal e interdisciplinar para conseguir que la Ley 3/2005 de archivos sea una pieza fundamental dentro de las instituciones valencianas y no una publicación más al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.  Es por eso que pedimos a la Consellería que haga todo el desarrollo reglamentario adecuado y que las diputaciones y ayuntamientos cumplan con lo que les afecta, de manera mancomunada o en solitario, para poderlo llevar a cabo tendrán siempre la colaboración de los técnicos en la materia, los archiveros y las archiveras, que trabajamos a la función pública, al servicio de la ciudadanía que nos paga a la que tenemos que ofrecer nuestros mejores conocimientos.  Gracias para darnos la palabra y por su atención.

Manuel Vicent Balaguer, representante la AAV en las Jornadas y archivero de Benicarló