IX Jornadas AAV: “La gestión documental como garantía de derechos fundamentales”

Miguel Ángel Blanes: “Los archivos son conditio sine qua non de la transparencia y los derechos ciudadanos”

El abogado del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel Blanes, ha abordado en las jornadas de la Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians la vertiente legal de la información que gestionan los archiveros y ha insistido en que “el profesional que gestiona información sensible y datos se enfrenta a retos y necesidades muy importantes”.

Blanes se ha referido en su ponencia a la diáspora normativa que sufrimos en materia de protección datos y de acceso a la información pública. “Lo que es un derecho básico y que nos iguala, se ha convertido por la multitud de legislaciones paralelas en un auténtico problema” y recuerda que existen al menos 17 normativas autonómicas que no son iguales y generan una confusión amenazante para el ciudadano.

Otra de las reivindicaciones de Blanes es la de poner en valor la importancia de los archivos públicos, desarrollando leyes de gestión documental que vayan más allá de la mera custodia de archivos, “el archivero debe estar presente en el proceso desde sus inicios” explica el autor, que critica que esta multiplicación de regulaciones y leyes a nivel europea, nacional y regional va en perjuicio del ciudadano. “Es un error que el archivero intervenga en un procedimiento terminado” asegura y cree firmemente que una normativa común supondría un avance profesional.

De su experiencia en la Sindicatura de Greuges, Blanes dejó interesantísimas reflexiones vinculadas a esta necesidad de que el profesional de la documentación intervenga desde el principio y amparado por la ley, y aseguró que, por ejemplo, “en muchas entidades públicas hay normas verbales e instrucciones que no se documentan” y una intervención temprana evitaría, sin ir más lejos, errores administrativos y casos de corrupción.

Se refirió también Blanes a la fórmula de la concesión de los servicios públicos para su gestión por empresas privadas. “Es información pública, ¿Quién la controla y custodia la administración o la empresa?”, y a continuación responde Blanes que el resultado suele ser problemático y hay multitud de lagunas que perjudican al ciudadano y sus derechos.

Pero sin duda la crítica más vehemente de Blanes fue en un tema capital que define perfectamente la situación de indefensión del ciudadano ante la administración, especialmente en casos de reclamaciones y aplicación de derechos, por ejemplo y muy frecuentemente ante los ayuntamientos. “El silencio administrativo es una ilegalidad sistematizada”, “hay pocos ayuntamientos en la Comunitat Valenciana que creen y compartan un registro con todas las solicitudes, quejas, peticiones o sugerencias que hacen los vecinos del municipio” denuncia Blanes. “Los ciudadanos está pidiendo acceder a una información y no se les escucha ni se les tiene en cuenta” y explica el experto que, al fin al cabo, “los archivos no son una cosa distinta de la transparencia, son en realidad su conditio sine qua non”.

Esta vulneración de derechos sistematizada en todo el país, también tiene consecuencias en la aplicación de otras leyes como la relativa a Memoria Histórica o permite en ocasiones que no se puedan pedir muchas explicaciones sobre recorrido de dinero público sin justificar, al amparo de protecciones de datos difusas.

Blanes concluyó su magistral ponencia reivindicando la figura del archivero y animando al sector a denunciar cualquier mala gestión documental por falta de profesionales o recursos, ya que lo contrario es proteger a los ayuntamientos y demás Administraciones Públicas que están denegando el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Miguel Ángel Blanes