Carles Recio, que cobraba o cobra su sueldo a cuenta de un archivo público, no solamente no es archivero, sino la misma antítesis de lo que es un archivero habitual y un gestor de los documentos públicos.
Los archiveros que somos funcionarios estamos habituados al servicio al público; somos conscientes que tenemos que facilitar la información que el ciudadano necesita, haciendo viable y practicable la tan predicada transparencia. Por supuesto, tenemos que contribuir a hacer operativas nuestras organizaciones, tratando adecuadamente los documentos a nuestro cargo y facilitando la información imprescindible y de valor estratégico.
Pero es igual de importante saber que hay muchos archiveros y archiveras tienen una larga y poco reconocida experiencia a través de becas inestables, contratos parciales y un cúmulo de méritos que tienen mucho más que ver con la vocación profesional y de servicio público que con la creación de cargos «virtuales» y a medida. Este último hecho no solamente hiere la decencia pública y la eficiencia de la administración sino nuestra misma dignidad y deontología profesional.
En la situación actual en que hay tantos archivos sin tratar ni controlar (sin la cual no hay buen gobierno y democracia posibles) (recordemos los archivos judiciales, el de Canal 9, el Puerto de Valencia y tantos otros…); cuando muy a menudo se nos dice (y quizá es cierto), que no hay recursos suficientes… es terrible y nada ejemplarizante que algunos responsables políticos hayan creado plazas de archivo ‘a dedo’ no tanto para solucionar los problemas reales que interesan a la buena gobernanza y gestión de las instituciones sino para pagar favores inconfesables o de legitimidad discutible.