El debate y nuestra aportación al Día Internacional del derecho a saber

 El 27 de septiembre tuvo lugar, al colegio mayor Rector Peset de Valencia, el debate sobre el derecho a saber que se anunciaba en la entrada anterior. Hubo las intervenciones de los dos máximos responsables en políticas de transparencia en Valencia. El consejero Manuel Alcaraz y Roberto Jaramillo, regidor y también diputado provincial de Transparencia. Desgraciadamente, hasta que no intervino el representante de nuestra asociación, no se habló ni de archivos ni tampoco de sistemas de gestión de documentos, que a nuestro entender, son las piezas clave para ejercer una transparencia real y no solamente la realizada a través de portales rellenados de datos que pueden interesar, o no, a la ciudadanía. Muy remarcable fue la aportación de Miguel Ángel Blandas Climent, letrado asesor jurídico del Síndic de Greuges, quién fue sincero al plantear la necesidad de atender adecuadamente, desde la administración, las constantes demandas de los ciudadanos que son desatendidas o sencillamente obviadas. Se evidenció la mutua ignorancia y no conexión del Síndic de Greuges, del Consejo de Transparencia (del cual había un miembro) y de la Junta Calificadora de Documentos Administrativos. Planteamos que se tendrían que poner en contacto, pero podría pasar que no se hiciera sino que cada cual se limitó a intentar consolidar su parcela de actuación. Además de la necesaria implicación cívica (la cual se reclamó de forma insistente desde varias intervenciones a la sala) es muy importante reclamar la necesidad de una coordinación efectiva entre los principales agentes y ámbitos encargados de desarrollar el marco normativo sobre la transparencia.

Por nuestra parte, destacamos que: – En efecto, es muy importante crear una cultura en que el ciudadano busque y encuentre las informaciones que necesita y que le interesan. Pero para que esto sea posible hacen falta profesionales archiveros, que controlan, organizan y describan los documentos producidos por nuestras organizaciones de forma adecuada. El que esto no sea así se traducirá en la imposibilidad del ejercicio del derecho a saber. – De hecho, si queremos ser obscurantistas el que hace falta es no tener archivo o bien tenerlo escondido, inaccesible y desorganizado. – Hay que aprovechar los saberes existentes y asociar juristas, archiveros e informáticos para viabilizar el derecho a saber. – Sobre todo, hay que ser operativos: hay una gran distancia entre el teatro político y la propaganda y la gestión real, una distancia que haría falta acortar (haciendo que funcione el que tiene que funcionar) y no aumentar mediante la creación de nuevos organismos que algún día acontecerán inoperantes y parte de la elefantismo burocrático y funcionarial.  – ¿Que podemos aportar los archiveros?

Básicamente confianza: información de primera mano, fiable y estructurada.

Frente al alud de fábricas de noticias o intermediaciones diversas e interesadas hay que buscar, por un lado, la voluntad ciudadana de saber y por el otro, la capacidad de las organizaciones para suministrar documentos auténticos y fiables más allá y más acá de los círculos propagandísticos y mediáticos. Hay que apuntar hacia una transparencia a fondo y no superficial, de escaparate o de fachada.

Hay que poner en valor, ahora y aquí, el hecho que las consultas de documentos a los archivos son cotidianas y constantes, la mayor parte de ellas solucionadas con plena suavidad y normalidad, mientras que los consejos de transparencia recientemente creados a penas reciben unas pocas solicitudes que tienen que ser tramitadas a través de procesos excesivamente complejos. La Junta Directiva de AAV